*El documento fue publicado con la autorización de AIDA. Su versión original puede consultarse en www.aida-americas.org

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Humedales situados a gran altitud, que proveen de agua potable a más de dos millones de personas, podrían convertirse en una de las minas de oro y plata más grandes del mundo. La empresa canadiense Greystar Resources Ltda., que cambió su denominación a Eco Oro Minerals Corp., planea construir la mina Angostura en el corazón del páramo de Santurbán, en el departamento de Santander, Colombia. El área, conformada por bosques altoandinos y humedales, sirve como «fábrica de agua» para las zonas más bajas y refugio para cientos de especies amenazadas y endémicas, como el oso de anteojos.

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Entre 2009 y 2011, AIDA evidenció las inconsistencias legales y técnicas del proyecto, planteado inicialmente como mina a cielo abierto. En 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) de Colombia devolvió el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa, el cual solo incluía un área reducida de la mina, y le pidió realizar uno nuevo. MAVDT recurrió al argumento aportado por AIDA a lo largo del debate: la exclusión del páramo de Santurbán de la minería en cumplimiento de la legislación vigente.

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En mayo de 2011, el ministerio negó finalmente la licencia ambiental solicitada para Angostura, indicando, una vez más, que el proyecto se pretendía implementar en un ecosistema protegido. Sin embargo, dado que ello no generó la cancelación de los títulos mineros, Eco Oro Minerals anunció en marzo de ese año el inicio de estudios de factibilidad para minería subterránea en la misma área. Con la discusión aún latente, es importante insistir que la minería en los páramos está prohibida, incluso para actividades subterráneas.

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Otro elemento esencial de Angostura es su financiamiento, a cargo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Grupo del Banco Mundial. AIDA pudo establecer que aunque la CFI señaló que su inversión —traducida en la compra de acciones de Eco Oro Minerals por USD 18.2 millones— se dirigía a determinar la factibilidad del proyecto, en realidad cubría áreas del mismo. A ello se sumaba el incumplimiento de las políticas de sostenibilidad social y ambiental de la propia CFI.

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En consecuencia, junto con CIEL y Mining Watch Canadá, elaboramos una queja dirigida a la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de  bservancia (CAO), instancia de rendición de cuentas de la CFI, para exigir una auditoría a la inversión y el retiro de la misma. El reclamo fue  resentado en junio de 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el páramo de Santurbán (conformado por cuarenta organizaciones de la sociedad civil que representan, a su vez, a unas 75 mil personas).

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En la queja se evidenció que la CFI invirtió en el proyecto antes de realizar el estudio de impacto ambiental y social; clasificó el proyecto en una categoría que no contempla los impactos graves e irreversibles al ecosistema que Angostura implica, y no hizo una adecuada evaluación de la capacidad y compromiso del cliente. Admitido el recurso, la CAO comenzó a elaborar un informe sobre las preocupaciones de la sociedad civil. Tras una revisión documental y reuniones bilaterales, entrevistó en octubre de 2012 a representantes de diferentes sectores.

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El 28 de junio de 2013, la CAO comunicó en un informe (escrito en inglés) su decisión de realizar una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro. La investigación se enfocará en conocer si la evaluación de los riesgos sociales y ambientales, en especial de aquellos acumulativos y de largo plazo, se realizó adecuadamente como paso previo a la inversión.

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El seguimiento que actualmente realiza AIDA busca garantizar que la CAO tomé una decisión acorde con la política de sostenibilidad social y ambiental del Grupo del Banco Mundial, sus normas de desempeño y los estándares nacionales e internacionales de derecho ambiental. Ello sentaría precedentes para evitar la ejecución de este tipo de proyectos en ecosistemas protegidos, más aún cuando la minería en páramos de Ecuador y Perú ya es de interés de algunas empresas.

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En enero de 2013, Colombia dio un paso al frente en ese sentido cuando el Ministerio de Ambiente declaró al páramo de Santurbán como Parque Natural Regional. La medida ratifica la exclusión legal de los páramos de la minería y anima a garantizar la protección del conjunto de estos ecosistemas.

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Sin embargo, el riesgo para Santurbán persiste. La explotación de oro podría causar la liberación de grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que provee. Para evitar que la falta de demarcación de los páramos sirva de excusa para que se impulsen allí proyectos mineros como Angostura, es preciso dar un segundo paso: delimitarlos con base en criterios científicos. Expertos del Estado colombiano han contribuido a esa tarea con la elaboración de un nuevo atlas de páramos a escala 1:100,000, en principio, y luego a escala 1:25,000, conforme a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de un trabajo serio, riguroso y premiado. Muchas voces se han unido para pedir una adecuada delimitación

de Santurbán en escenarios como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el Parlamento Andino. AIDA ha promovido el debate público en los medios de Colombia sobre la importancia de una delimitación que proteja el equilibrio de ese ecosistema y sus cualidades como fuente de agua, albergue de biopersidad y herramienta para mitigar el cambio climático. También ha realizado acciones con prestigiosos ambientalistas colombianos para pedir al Ministerio de Ambiente la adopción de la cartografía entregada por el Instituto Humboldt para una pronta y apropiada delimitación de Santurbán y del resto de los páramos colombianos.

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El 31 de marzo de 2014, el Ministerio de Ambiente anunció haber decidido ya la delimitación del páramo de Santurbán. Al margen de algunos aspectos dados a conocer solo a medios de comunicación, la entidad gubernamental no hizo públicos todos los detalles de la medida, entre ellos su extensión real, las coordenadas exactas, las operaciones mineras que permanecerán dentro del ecosistema y las que quedarán fuera.

Entre el 11 y el 13 de septiembre de 2014, el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán y sus organizaciones aliadas

se reunieron en Washington D. C. con funcionarios del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) para llamar su atención sobre las irregularidades y los riesgos socioambientales que existen en torno al proyecto minero Angostura.

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Instamos al gobierno colombiano a continuar respetando la normativa ambiental en defensa de los derechos de las personas al agua potable y a un ambiente sano. Le pedimos ofrecer información completa, veraz e imparcial sobre el proceso de delimitación de Santurbán y sobre la decisión final del mismo.

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El 8 de febrero de 2016, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional una norma del Plan Nacional de Desarrollo que permite la minería en páramos. AIDA y sus organizaciones aliadas presentaron un amicus curiae en respaldo a la acción judicial instaurada por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular. La decisión del alto tribunal es crucial para la protección del páramo de Santurbán. Exhortamos al Ministerio de Ambiente y al Estado colombiano en su conjunto a cumplir cuanto antes el fallo de la Corte, y proteger así todos los páramos de Colombia de los

impactos de la minería a gran escala.